Participación Ciudadana

marzo 18, 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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DERECHOS POLITICOS Y PATICIPACION CIUDADANA.

REFERENDUM. CONSULTA POPULAR. REVOCATORIA DE MANDATO.

Ciudadanos en una democracia gobernante, complemento de una democracia

de ciudadanos gobernada por sus representantes.

Raúl Gustavo Ferreyra.

Profesor de Derecho constitucional.

Investigador del instituto de Investigaciones Jurídicas “Ambrosio Gioja”.

Facultad de Derecho.Universidad de Buenos Aires.

Preliminar

Me propongo examinar en estas líneas el rol del Estado de la ciudad de Buenos Aires

de frente a un suceso gravísimo: la tragedia ocurrida en el caso “República Cromañón”.

Adelanto 3 observaciones preliminares: a) es deber irrenunciable del Estado ofrecer

seguridad a los habitantes, según dispone el art. 34 de la CCBA; b) ¿Ha sido infringida esta

obligación constitucional como por dar pie eventualmente a la destitución del Jefe de

Gobierno?; c) para elegir a un Jefe de Gobierno son suficientes poco más de 900.000 votos,

para revocar su mandato 1.300.000, es decir el 75% de la totalidad de quienes concurren a

votar (ver art. 67 y 96 CCBA).

Divido la exposición en 3 fragmentos: primero, el contexto del Estado; luego las

disposiciones constitucionales y finalmente, el proceso de revocatoria de mandatos.

I. Contexto: El Estado de la Ciudad Autónoma de Bueno s Aires

Si el concepto de Estado es controvertido, se podrá imaginar cuan controvertido

resulta el de micro Estado. No obstante, el micro Estado tiene gran actualidad en estos

momentos constitucionales: bajo la forma de Estados pequeños, con poblaciones inferiores

a la que tiene el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, se anuncia al Mundo una nueva

variante del Estado Constitucional en el marco del fenómeno de desintegración del bloque

de Europa oriental. Por ejemplo: suele afirmarse, y lo dice uno de los pr incipales juristas

europeos -Peter Häberle- que el concepto de micro Estado puede hacerse practicable a

través del número máximo de habitantes, que con apoyo en doctrina pacífica se propone

como índice la cifra de 500.000 habitantes

Consecuentemente, todas las observaciones que subsiguen, exclusivamente se hallan

dirigidas al Derecho Constitucional que da fundamento al Estado de la Ciudad de Buenos

Aires.

Creo que una reflexión general sobre la tragedia “República Cromañón”, en un

Estado que cuenta con más de 2.500.000 de ciudadanos y donde se genera el 20 % del PBI

del Estado, debe tener un marco de inserción preciso. Sin relativizar ni devaluar el

funcionamiento del resto de los 23 sistemas jurídicos provinciales, examinar, con la mayor

exactitud posible como ha funcionado y como esta funcionando el instrumento normativo

fundamental, denominado Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, frente al

drama gigantesco que ha originado este hecho delictuoso de alcance colectivo.

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En pocas palabras, como enseña Mario Bunge, si el Estado es gestor de los bienes

públicos de una sociedad moderna y la fuente de organización política, el socio o

depredador -según los casos- de la economía, la cultura y el protector o no de la seguridad.

Este es el punto a discernir.

II. La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires

Muy pronto, la Ley Fundamental cumplirá 10 años. La Constitución de la Ciudad de

Buenos Aires es una de las mas modernas de la Argentina y de Latinoamérica, por su

técnica constitucional al servicio del genuino reconocimiento de derechos y garantías

dentro de lo que la Argentina actualmente posibilita: una distribución y posibilidad de

control racional de los poderes del Estado. Cuenta con 140 reglas de naturaleza

permanente, distribuidos en tres títulos: uno preliminar, un libro primero destinado a los

derechos y garantías y un libro segundo dedicado al Gobierno de la Ciudad. Aquí

precisamente, en el Libro Segundo: “Gobierno de la Ciudad” se hallan reglados los

derechos políticos y las formas de participación semidirecta de democracia.

Antes de referirme concretamente a la revocatoria de mandatos de los funcionarios

electivos, que sin temor a equivocarme demasiado, solamente, prevé la Constitución

porteña en toda la Argentina, deseo hacer una serie de precisiones en torno de la forma de

producción democrática del Estado de la Ciudad de Buenos Aires.

La Constitución de la Ciudad prevé dos formas de producción normativa: la

“democracia gobernada”, esto es la democracia representativa y la “democracia

gobernante”, en la cobra énfasis capital la participación del ciudadano. Advierto que tomo

esta distinción, tan clara y útil, de letras ya escritas en la dogmática por Horacio Rosatti.

Como es bien sabido son muchas las definiciones de democracia. Prefiero la enseñada

por Norberto Bobbio, es decir, aquella que la presenta como “el poder en público”,

indicando que todos los mecanismos constitucionales deben adoptarse a la luz del día, y

permitan a los gobernados ver donde y como se toman las decisiones. Esta de finición de

democracia, creo, representa la antitesis de todas las formas autocráticas del poder.

Entiendo, pues, que democracia, implica, en forma mínima un consenso sobre el

procedimiento, sobre los métodos que habrán de adoptarse para definir prioridades

históricas, que algunos llaman valores.

La diferencia entre “democracia gobernada” y “democracia gobernante” no es

menor. La “democracia gobernada”, es decir cuando el ciudadano se dirige a votar exige un

grado de libertad tolerada muy exigente para dar lugar a la racional competencia entre los

partidos políticos. La “democracia gobernante”, por su parte, exige, un grado de

participación voluntaria enorme. En la “democracia gobernante”, los ciudadanos

intervienen directamente en el proceso de deliberación y formulación de la decisión estatal

por medio de consultas.

Es precisamente la complementariedad entre libertad y participación, el modo en que

la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires intenta calibrar la conducción del desarrollo

político por el cauce constitucional. Con rigor y generosidad en materia de participación

ciudadana la Constitución porteña contiene instrumentos normativos que casi ninguna

Constitución de las provincias ha diseñado. Y que además, por lo visto, se acude a ellos y

son utilizados: audiencias públicas, iniciativa popular, referéndum, consulta popular,

revocatoria de mandatos, doble lectura en el proceso legislativo, control concentrado de

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constitucionalidad con reenvío a la Legislatura. Pero, insisto, más allá de objeciones de

naturaleza técnica, pareciera, que desde el punto de vista normativo nada se halla ausente

en la Ley Porteña, para que “libertad + participación” pueda alcanzar el mejor puntaje.

III. El proceso constitucional de la revocatoria de mandatos.

Estamos acostumbrados a elegir a nuestros gobernantes. Apelar a la “democracia

gobernada”.

Oigamos algunas letras de la “democracia gobernante”.

La Constitución porteña prevé la posibilidad de destituirlos. Dispone el artículo 67,

un verdadero paradigma del derecho constitucional y de la participación ciudadana:

El electorado tiene derecho a requerir la revocación del mandato de los funcionarios

electivos fundándose en causas atinentes a su desempeño, impulsando una iniciativa con la

firma del veinte por ciento de los inscriptos en el padrón electoral de la Ciudad o de la

Comuna correspondiente.

El pedido de revocatoria no es admisible para quienes no hayan cumplido un año de

mandato, ni para aquellos a los que restaren menos de seis meses para la expiración del

mismo.

El Tribunal Superior debe comprobar los extremos señalados y convocar a

referendum de revocación dentro de los noventa días de presentada la petición. Es de

participación obligatoria y tiene efecto vinculante si los votos favorables a la revocación

superan el cincuenta por ciento de los inscriptos.

La revocatoria de mandatos es un proceso constitucional por intermedio del cual se

destituye a funcionarios electivos por decisión ciudadana expresada mediante sufragio.

La ley 357 reglamenta el contenido de esta regla constitucional.

¿Cuál es la naturaleza de este derecho del electorado?

Sin lugar a dudas, es un derecho subjetivo, grupal o colectivo. Se requiere el 20% del

electorado. Hasta entonces es derecho de petición a las autoridades. Reunidas las 520.000

adhesiones de los ciudadanos y ciudadanas que se hallen inscritos en el padrón electoral –

aparentemente muy cerca de los 2.600.000 electores-, el rostro del derecho subjetivo para

requerir la revocatoria del mandato queda totalmente configurado.

Consecuentemente, de comprobarse tal situación, se pasa a la fase 2, es decir, el

plebiscito. La Constitución se refiere de manera incorrecta a “referéndum de revocación”.

Trato de privilegiar el empleo del término referéndum para todo lo referente a la

producción o derogación de disposiciones normativas. Es un proceso de consulta a los

ciudadanos a efectos de que estos se expresen sobre actos de gobierno de naturaleza

legislativa. Por tales razones, considero que el plebiscito se diferencia del referéndum dado

que esto versa o puede versar sobre la aprobación o desaprobación de una decisión de

carácter político. Digamos que el plebiscito, es un referéndum, pero no perfecto.

Actualmente, el trámite preparatorio esta lejos de terminar. En los comicios del 14 de

septiembre de 2003, en los que Ibarra se impuso a Macri, sufragaron 1.814.000 electores.

El perdedor en dicha ocasión obtuvo 807.000 adhesiones. Hubo casi 100.000 votos en

blanco y anulados. Pero el ganador triunfo por más de 120.000 votos de ventaja. Si se

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computa que del juego de la regulación constitucional y legal hacen falta 520.000

adhesiones para reunir los recaudos que habilitarían el “plebiscito de revocatoria”, queda

evidenciada de la comparación simple la importancia del instituto.

Reunidos tales recaudos habría que convocar al plebiscito de revocatoria de mandato,

pautado por el art. 13 de la ley 357 que deberá realizarse dentro de los 90 días.

Vale la pena resaltar, en iguales condiciones, que se requerirían, aproximadamente

1.300.000 sufragios para reunir el apoyo de más del 50% de los electores, y así procederse

a la separación y destitución del funcionario de su cargo constitucional. Si se reuniese tal

mayoría, se habilitarían los mecanismos constitucionales para reemplazar al funcionario

removido y asumirá quien constitucionalmente deba suplantarlo.

Repasemos las claves constitucionales desde la tragedia de “República de Cromañó n”:

1) El Jefe de Gobierno se ha mantenido activo;

2) La Legislatura ha formado una Comisión investigadora;

3) El Jefe de Gobierno ha sido interpelado durísimamente; como correspondía por otra

parte;

4) La democracia representativa ha mostrado que funciona de modo bastante satisfactorio;

5) Los órganos de control, Defensoría del Pueblo, han realizado informes previos y siguen

muy de cerca las consecuencias de la tragedia;

6) El Más Alto Tribunal de Justicia, en pocas horas, y evitando un debate que parecía

innecesario, rápidamente dispuso a 35 días de la tragedia hacer lugar al inicio del

procedimiento de pedido de revocatoria de mandato del Jefe de Gobierno;

7) Es decir: luego de la tragedia, hoy, a poco más de 75 días, todas los órganos del sistema

constitucional funcionan;

8) Me pregunto, pues: ¿es una evidencia relativa? No, para un Estado, como el federal

argentino, acostumbrado a la ano mia y a vivir al margen de la ley, como enseñaba el

malogrado Carlos Nino. La comparación, en clave normativa constitucional es útil.

9) Simplemente, pues, quiero indicar que el desenvolvimiento de las disposiciones

constitucionales no aseguran ningún resultado. Es más: hay quienes sostienen, con

firmeza, que ha sido precisamente el incumplimiento del Jefe de Gobierno, es decir su

mal desempeño en materia de seguridad de las personas y de los bienes, lo que ha

originado, por decirlo de algún modo e indirectamente esta tragedia.

IV. Ibarra: ¿un enemigo del pueblo?

Tal como he anticipado la totalidad de mis reflexiones se hallan dirigidas al

funcionamiento de las categorías jurídicas básicas del derecho constitucional de la Ciudad

de Buenos Aires.

Si es que existe la ley natural, sin dudas, la tragedia “República Cromañón”, no

solamente pudo ser evitada. Pone de manifiesto, además, la imposibilidad de mirar hacia

delante porque los padres no han sido enterrados por sus hijos. Es una pérdida moral que no

tiene ningún tipo de reparación. Sobran las palabras. No hay letras para tanto dolor.

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Sin embargo, tengo mis dudas, que desde el punto de vista jurídico constitucional, es

decir desde la perspectiva que hace a la supervivencia y evolución del Derecho

Constitucio nal de nuestra Ciudad hubiese sido necesario recurrir al procedimiento del

artículo 67 constitucional. No lo discuto políticamente, porque no es mi ámbito. Además, si

las autoridades, tanto el Tribunal Superior de Justicia avalando el progreso del trámite

inicial de la petición y el Jefe de Gobierno, propiamente, postulando, su desarrollo,

estimulan el avance de las actuaciones no es mi función juzgar aquí, insisto, políticamente.

Porque además, es políticamente adecuado todo lo que se esta haciendo. Lo que me

pregunto es si, efectivamente, era conveniente, oportuno y necesario acudir a este

mecanismo de legitimación del ejercicio de la función pública, acudiendo al procedimiento

inscrito en la letra constitucional y las leyes reglamentarias.

Quedaría, pues, quizá, una conclusión un tanto confusa, pero con dos estratos

analíticos bien diferenciados: a) la convocatoria sería inobjetable, políticamente; b) quedan

dudas, constitucionalmente, si era menester legitimar por intermedio de este proceso

constitucional una acción de gobierno, que sin pasar por alto que es altamente indiscutible

la gigantesca falta en los controles en que se incurrido en el caso “República Croma ñón”.

Parece exagerado imputar a Ibarra la violación del art. 34 constitucional.

Es políticamente constitucional todo aquello que no es irracional. La

constitucionalidad solamente es congruente con la tolerancia. Por lo tanto, la decisión

respecto del proceso de revocación de mandatos es entendible a la luz del día.

Finalmente, una metáfora absolutamente libre. En la obra “Un enemigo del pueblo”,

publicada en 1882, el protagonista, el Dr. Thomas Stockman, honrado y respetado por su

pueblo, defiende tozudamente su verdad, contra la creencia general, basada en una mentira.

Se siente profundamente herido, lastimado, cuando alguien osa llamarlo un enemigo del

pueblo, precisamente, por defender una verdad ciertamente comprobable: la contaminación

del poder. Al sentirse tocado, Stockman, enuncia una de las letras más memorables del

teatro universal: “el hombre más poderoso del mundo, es el que está más solo”. Quizá

Ibarra, al igual que Stockman, haya creído que el plebiscito era una forma de amigarse con

el pueblo, aunque descreo que la relación se haya roto, o al menos quebrado, en los

términos que el pudiese haber pensado en soledad. Es, nuevamente, un hipótesis.

Muchas gracias por su atenta y dilecta atención mis palabras.

humor politico

julio 2, 2008
Chistes de políticos
 
– ¿Por qué creó Dios a los economistas?
– Para que los pronósticos del tiempo nos pareciesen buenos.
Llevan a un diputado acusado de corrupción, lavado de dinero, tráfico de armas e influencias, etcétera, ante el juez.
– Verá, Su Señoría, es que yo soy diputado y…
El juez lo interrumpe:
– La ignorancia no es una excusa.

Un ratero asalta un tipo y le dice:
– Esto es un asalto, ¡Deme todo su dinero!
– Óigame, ¿Usted no sabe con quién se está metiendo? Soy un político muy influyente.
– En ese caso, ¡Devuélvame todo mi dinero!

– ¿Cual es el partido político más antiguo del mundo?
– El menemista: En tiempos de Alí Babá, ya tenía cuarenta afiliados.

¿Por qué los políticos son una prueba de la reencarnación?
Porque nadie puede hacerse tan retorcido en una sola vida.

Capital Federal

julio 2, 2008

La revocatoria de mandato, según la Constitución porteña


1 > ¿Se puede revocar el mandato del Jefe de Gobierno?

Sí. Cumple los tres requisitos establecidos por la Constitución: fue elegido mediante el voto, lleva más de un año y le quedan más de seis meses en el ejercicio del poder.

2 > ¿En que parte de la Constitución de la Ciudad se establece el mecanismo?

En el Título Segundo: Derechos Políticos y Participación Ciudadana. El artículo 67 prevé la posibilidad de revocar el mandato de los funcionarios que fueron elegidos mediante el voto popular.

3 > ¿En qué casos se puede utilizar la revocatoria?

Cuando por causas atinentes al desempeño del funcionario, el electorado requiere impulsar una iniciativa para convocar a un referendum.

4 > ¿Cómo se concreta la convocatoria?

El electorado debe impulsar una iniciativa con la firma del 20% de los inscriptos en el padrón electoral de la Ciudad de Buenos Aires (casi 500 mil firmas). No obstante, el Jefe de Gobierno anunció que va a solicitar directamente al Tribunal Superior que convoque a la consulta omitiendo este paso. Caso contrario, adelantó, juntará las firmas necesarias.

5 > ¿Quién formaliza la convocatoria a referendum?

El Tribunal Superior de Justicia debe comprobar que se cumplan los requisitos establecidos y convocar a referendum de revocación dentro de los noventa días de presentada la petición.

6 > ¿Qué alcance tiene?

Es de participación obligatoria, igual que una elección general, y tiene efecto vinculante (lo que decide el voto popular es lo que se debe hacer) si los votos favorables a la revocación superan el cincuenta por ciento de los inscriptos en el padrón electoral.

7 > ¿Todos los funcionarios pueden ser sometidos a revocatoria de mandato?

No. Para quienes no hayan cumplido un año de mandato y para aquellos a los que le queden menos de seis meses para la expiración del mismo, el mecanismo no se puede aplicar.

Revocatoria de mandato en Entre Ríos

julio 1, 2008
Reforma constitucional
Se debate las causales en la revocatoria de mandato
En la Comisión de Nuevos Derechos se discute si es o no conveniente establecer causales en la revocatoria de mandatos. Se escucharon dos posiciones.
 
 

Paraná | 12.6.2008  

 
 
La inclusión del mecanismo de referéndum revocatorio en la nueva Constitución provincial tuvo otro capítulo en la Comisión de Nuevos Derechos y Garantías. La discusión de este miércoles se centró en la necesidad o no de establecer las causales y, en caso de que se instauren, que sean especificadas.

Hubo dos paradigmas. Julio Federik fue quien justificó una de las posturas. El convencional advirtió que incorporar las razones para revocar un mandato dejaría abierta la puerta para una posible judicialización del instituto. Para el justicialista, la revocatoria de mandato es “una cuestión estrictamente política y electoral donde se pone a consideración de la ciudadanía si el funcionario debe continuar o no en el cargo”. Es en ese marco que fundamentó “el alto porcentaje” del padrón electoral para llevar adelante el referéndum. Federik citó un ejemplo: “En caso que se haga una presentación para revocar el mandato del gobernador, yo, siendo su abogado, presento un amparo ante el Superior Tribunal para desvirtuarlo y si este primer paso no resulta, llegaría hasta a la Corte Suprema de Justicia”. “En definitiva, terminamos judicializando el proceso que es lo que se quiere evitar”, señaló.

Enfrente están quienes quieren establecer “causales generales”. El convencional Fabián Rogel, en nombre de su bloque, es de la idea de establecer como razón para revocar un mandato “el incumplimiento de la plataforma electoral”. El radical puso como ejemplo el instituto de Juicio Político, aunque marcó las diferencias por tratarse, en la revocatoria de mandatos, de una presentación en el Tribunal Electoral. Recordó lo ocurrido en el proceso de juicio político contra el ex – gobernador Sergio Montiel, donde un trámite judicial por la inexistencia de causales en la Constitución para promover la acción terminó frenando el trámite. Incluso, y en respuesta a Federik, sostuvo que puede incorporarse un apartado donde se impida la posibilidad de recurrir a la Justicia.

Sobre la posibilidad de que sean las plataformas electorales la fuente de las causales, el convencional Fernando Báez (PJ) manifestó su descuerdo e incurrió en una serie de ejemplos para deslegitimar la propuesta de la UCR. “Qué ocurre si en la plataforma aparece una serie de obras públicas para realizar y que luego, por una crisis general o estructural, no pueden ser ejecutadas”, se preguntó el paceño. Y agregó: “Las plataformas son confeccionadas con anterioridad a la toma de posesión de un gobierno, por lo tanto, uno puede no conocer en detalle la situación del Estado”.

El tema, finalmente, quedó abierto hasta el próximo encuentro, a concretarse el próximo martes. (Página Política)

antecedentes de revocatoria en la provincia de Chaco

julio 1, 2008

En la ciudad de Resistencia, capital de la Provincia del Chaco, a los dieciocho (18) días del mes de junio de mil novecientos noventa y siete, siendo las diecisiete (17.00) horas, se reúne el Tribunal Electoral de la Provincia, bajo la Presidencia de la DRA. MARIA LUISA LUCAS, con la presencia de los Sres. Jueces, DRES. ERNESTO TORCUATO ARANO Y JORGE EDGARDO OMAR CANTEROS y de la Sra. Procuradora Fiscal DRA. CELIA ILEANA CHIAPELLO, asistidos por la Sra. Secretaria Autorizante,  DRA. SANDRA I. KLEISINGER DE ZARABOZO.  Abierto el Acto por la Señora Presidenta. CONSIDERARON:   Que conforme lo dispuesto por Acuerdo labrado en Acta N° 491 del 17/06/97 , no habiéndose efectuado protestas ni reclamaciones conforme lo previsto en los arts. 104 y 105  de la Ley N° 4.169 contra las elecciones municipales de Revocatoria de Mandato del Señor Intendente Santos Miguel Álvarez, celebradas en la localidad de  La Leonesa el 15/06/97, según lo normado en el art. 2 inc. 3) de la Constitución de la Provincia del Chaco 1.957 –1.994  y de conformidad con los arts. 98  y  101 de la Ley N° 4.233 y el Art. 158 de  la Ley N° 4.169, se inició el Escrutinio Definitivo de  la misma, concluyendo éste ese mismo día a las veinte (20.00) horas.  Finalizadas las tareas de verificación de los datos que se computarizaron para el resultado final, y habiéndose entregado los resultados del Escrutinio Definitivo al apoderado del Partido Nacionalista Constitucional, único presente en ese acto, no obstante haber sido invitados los restantes partidos políticos provinciales reconocidos, no formulándose objeciones contra el mismo en la audiencia celebrada de acuerdo con lo prescripto en el art. 115 del Código Electoral Provincial.  ACORDARON : I)  DECLARAR la validez  de los comicios de Revocatoria de Mandato del Intendente celebradas en la localidad de La Leonesa el día 15 / 06 / 97  y  TENER como resultados del Escrutinio Definitivo los que obran en las planillas incorporadas al Acta N° 493 del 17 / 06 /97.  Los resultados obtenidos son los que se transcriben a continuación:  Por el “SI” a la Destitución: 1.989 votos; Porcentaje sobre  los votos emitidos: 49,49 % y sobre los habilitados, 31,56 % .  Por el “NO” a la Destitución del Intendente: 1.903 votos; Porcentaje sobre los obtenidos: 47,35%  y sobre los electores habilitados: 30,20% .  Votos en Blanco: 78.  Votos Nulos: 49.  Totales Generales: 4.019 votos.  II) DECLARAR que en virtud de lo normado por el art. 2 inc. 3) de la Constitución de la Provincia del Chaco 1.957-1.994 y lo dispuesto por el art. 99 de la Ley N° 4.233,  NO CORRESPONDE DESTITUIR del cargo de Intendente al Sr. SANTOS MIGUEL ALVAREZ  M.I. N° 7.432.874.  III)  DESTRUIR  las boletas de sufragio remitidas dentro de las urnas por las autoridades de mesa, según lo dispuesto en el art. 117 de la Ley N° 4.169.  IV)  COMUNICAR, conforme lo establecido en el art. 101 de la Ley N° 4.233 en concordancia con el art. 118 de la Ley N° 4.169, al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, a los Partidos Políticos con integración con el Concejo, al Presidente del Concejo, al Señor Santos Miguel Álvarez y a título de colaboración al Juez Federal con Competencia Electoral y al Presidente del Superior Tribunal de Justicia, para su conocimiento. Con lo que no siendo para más, se da por finalizado el presente acto, siendo las dieciocho (18.00) , labrándose Acta, en doble ejemplar de un mismo tenor y efecto, firmando los Señores Jueces y la Señora Procuradora Fiscal, previa íntegra lectura y  ratificación, todo por ante mí, que doy fe.- Fdo: Dra. María Luisa Lucas – Presidenta; Dr. Ernesto T. Arano – Juez; Dr. Jorge Edgardo O. Canteros – Juez; Dra. Ileana Chiapello – Procuradora Fiscal; Dra. Sandra I.Kleisinger de Zarabozo -Secretaria.

Definición de revocatoria de mandato

julio 1, 2008

CONCEPTO Y DEFINICIÓN

Existen numerosas definiciones, formuladas por diversos tratadistas, acerca de la Revocatoria o Revocación del Mandato Popular.

Así, para el tratadista argentino Mario Justo López, “el recall o revocación popular es un procedimiento para destituir a los representantes o funcionarios elegidos antes de que se cumpla el plazo fijado para su actuación, y cuyo objeto radica en mantener constantemente responsables ante sus electores a los funcionarios públicos elegidos”.

Según el Diccionario Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, la revocatoria del mandato o plebiscito revocatorio “constituye un procedimiento a través del cual los electores pueden destituir a un cargo público con anterioridad a la expiración del período para el cual fue elegido”.

Sobre la base de estas definiciones, pueden identificarse los siguientes rasgos distintivos de esta institución jurídico – constitucional:

  • Es un derecho o facultad que asiste a los electores
  • Tiene por objeto la destitución de un funcionario o autoridad de elección popular antes que expire el periodo de su mandato
  • Requiere el acuerdo de la mayoría de los electores
  • Puede promoverse por diversas causas

En consecuencia, mediante el procedimiento de revocatoria del mandato, el electorado tiene el derecho a destituir del cargo a un funcionario público a quien él mismo eligió, antes de que concluya el período de su mandato. Es decir, el pueblo, mediante el sufragio y de manera vinculante, decide sobre la continuidad en el desempeño del cargo de un funcionario de elección popular.

 

FUNDAMENTO

La revocatoria de mandato se fundamenta en los principios de soberanía popular y de representación, puesto que el pueblo en ejercicio de su soberanía, otorga a sus representantes un mandato para que ejerzan el poder político.

 

CAUSAS PARA SOLICITAR LA REVOCACIÓN DEL MANDATO

En los ámbitos doctrinal y legislativo latinoamericano, se consideran las siguientes circunstancias, como causas idóneas para que el electorado pueda solicitar la convocatoria de una Consulta Popular de Revocatoria.

  • Voto Programático
  • Actos de Corrupción
  • Violación de Derechos Humanos
  • Pérdida de Legitimidad

La revocación es un procedimiento electoral mediante el cual los electores pueden quitar de su puesto a un cargo electo.

El ejemplo más reciente y conocido fue el referéndum de revocación de Hugo Chávez en 2004, que fue posible gracias al reconocimiento de este proceso en la constitución venezolana, y en el que un 40.74% de los electores votaron sí a la revocación y un 59.25% votaron no, con lo que no llegó a producirse la revocación efectiva.

Revocatoria del mandato en Colombia

julio 1, 2008

Revocatoria del mandato “La revocatoria del mandato es un derecho político, por medio del cual los ciudadanos dan por terminado el mandato que le han conferido a un gobernador o a un alcalde”. (Artículo 6, Ley 134 de 1994) El trámite inicia cuando un grupo de ciudadanos, en número no inferior al 40% de los votos que obtuvo el gobernante respectivo, solicita ante la Registraduría del Estado Civil que convoque a votaciones para revocar el mandato del mismo, fundamentando su solicitud en el incumplimiento del programa de gobierno o en la insatisfacción general de la población. El Registrador informa a la persona cuyo mandato pretende revocarse y posteriormente convoca a votaciones; la revocatoria opera si así lo determinan la mitad más uno de los votos, siempre que el número de sufragios no sea inferior al 55% de la votación válida emitida el día en que se eligió al mandatario. Si la revocatoria prospera, el Presidente de la República procede a remover al gobernador revocado, o el gobernador remueve al alcalde revocado -según el caso-, y a nombrar un encargado transitoriamente hasta que se elija popularmente al nuevo gobernante, el cual ocupará el cargo por el período constitucionalmente establecido. En relación con la revocatoria el gobierno enfatizó: “En el proyecto se establecen una serie de controles que evitarán su uso irresponsable e irracional”1; luego, parece asumir que el mecanismo será mal utilizado. De allí que la regulación inicial de la revocatoria en gran medida se oriente a limitar el ejercicio de este mecanismo. En la misma línea, el gobierno manifiesta: “Para desestimular la proliferación de solicitudes de revocatoria, en el proyecto no se establece financiación ni facilidades de acceso a los medios de comunicación para los promotores”2. De otro lado, la revocatoria sólo es establecida por la Ley para los gobernadores y alcaldes. No se aplica para otros funcionarios de elección popular como los Congresistas -órgano legislativo-, Diputados, Concejales, o el propio Presidente de la República -funcionario perteneciente, al igual que los gobernadores y alcaldes, a la rama ejecutiva del poder público. Vale la pena anotar que en la regulación inicial3 , sólo se habilitaba para solicitar la revocatoria y participar en ella a quienes sufragaron en la elección del funcionario, lo cual fue avalado por la Corte Constitucional4 con fundamento en la teoría del mandato -sólo quien otorga un mandato está facultado para revocarlo- y en la interpretación derivada del artículo259 de la Constitución. No obstante, esta exigencia legal fue suprimida mediante la Ley 741 de 20025 , y la Jurisprudencia de la Corte modificada6 , con lo cual también podrán tomar parte en la revocatoria aquellos ciudadanos del censo electoral municipal o departamental respectivo, aunque no hayan participado en la elección del funcionario cuyo mandato se cuestiona. Otro aspecto a tener en cuenta es la disposición en virtud de la cual si como resultado de la votación no se logra revocar el mandato del funcionario, no podrá volverse a intentar dicha solicitud en lo que resta del período, lo cual parece matizar la pretensión constitucional de establecer un permanente control a los mandatarios por parte de los gobernados. Los anteriores elementos evidencian la importancia de estos mecanismos a la vez que muestran las dificultades legales que pueden reducir su aplicabilidad. Según Mauricio García Villegas, más que buscar las causas del fracaso del derecho interesa estudiar en qué medida tal “fracaso” responde a un juego de poder dentro del cual el derecho cumple una función determinante. Tal vez lo que acontece no es que el derecho choque con la realidad que se resiste al cambio, sino que la realidad no cambia porque choca con la resistencia al derecho, que en algunos casos pareciera perseguir por sí mismo la ineficacia7. Pasando a otro punto, dentro de los aspectos contemplados en la parte final de la Ley 134 de 1994 es conveniente resaltar el siguiente: De manera tangencial la norma alude a la participación democrática de las organizaciones civiles y lo hace precisamente para evadir el tema, remitiendo a la Ley que regule la materia. Dicha ley deberá ser estatutaria, pues en el marco de la actual Constitución ha de quedar claro que el concepto de participación no se circunscribe a la realización de eventos electorales. 1 -Proyecto de Ley # 92 de 1992 -Senado de la República-, Gaceta del Congreso. (23), Bogotá, año 1, ago.11, 1992, p.10. 2 Ibíd., p.11. 3 -Leyes Estatutarias 131 de 1994 y 134 de 1994. 4 -Cfr. Sentencia C-180 de 1994, Op cit., pp.505, 506, 528, 531 y 532. En este punto la Corte se limita en gran parte a repetir el análisis hecho en la Sentencia C-011 de 1994, Op. cit. 5 Ley Estatutaria 741 de mayo 31 de 2002, Diario Oficial, (44.823), Bogotá, jun.4 2002. 6 -Cfr. Sentencia C-179 de marzo 12 de 2002, Corte Constitucional, Bogotá, Magistrado Ponente: Marco Gerardo Monroy Cabra. 7 -Cfr. Mauricio García Villegas, “Función simbólica del derecho y estabilidad institucional”, en: Cristina Motta (comp.), Etica y conflicto: lecturas para una transición democrática, Bogotá, Ed.Uniandes y Tercer Mundo, 1995, pp.294 y 295.